Lucha contra la deforestación en la Amazonia: ¿por qué la legalidad es importante?
Beneficiarios del programa TerrAmaz explican el sistema de pastoreo rotativo en Guaviare, Colombia. © Cristina Rosero Ramírez, Cirad
La deforestación tropical sigue siendo uno de los principales motores del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. En la Amazonia, continúa amenazando a 4,7 millones de hectáreas de bosques aún existentes. Los sistemas actuales de monitoreo y alerta no distinguen entre la deforestación autorizada por la ley y aquella que no lo está. Esta omisión dificulta la traducción de los compromisos internacionales en resultados concretos.
El proyecto TerrAmaz: un marco de análisis operativo
Coordinado por el Cirad y financiado por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el proyecto TerrAmaz (2021–2025) permitió poner a prueba, en varios territorios amazónicos, enfoques territoriales que concilian el desarrollo local y la protección de los bosques. En Colombia, en el departamento del Guaviare, las y los investigadores diseñaron un marco analítico innovador que permite identificar las zonas de deforestación legal e ilegal, a partir de la normativa nacional y de los planes de ordenamiento del suelo de cada municipio.
Este trabajo pionero muestra que el 75 % de la deforestación en Guaviare es ilegal, principalmente debido a una gobernanza territorial aún frágil tras décadas de conflicto armado.
Incluir a los actores locales para un futuro sin deforestación
Los autores de este Perspective abogan por un enfoque pragmático e inclusivo de la legalidad ambiental. Recomiendan construir soluciones transitorias junto con las autoridades locales: acuerdos de conservación, planes de reconversión sostenible y sistemas de “títulos verdes” que permitan regularizar determinadas situaciones ilegales del pasado sin recurrir a amnistías generales. El objetivo es incluir al mayor número posible de actores en la dinámica de cero deforestación.
Repensar la financiación de la protección forestal
El estudio también pone de relieve la necesidad de reformar las reglas de asignación presupuestaria para las instituciones locales encargadas del control de la deforestación. Actualmente, las transferencias dependen del tamaño de la población y no de la superficie forestal a gestionar. Los autores proponen indexar la financiación pública a las superficies efectivamente protegidas o gestionadas de manera sostenible, con el fin de dotar a los territorios de los medios necesarios para actuar.
